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Información del Informe “Haciendo Trampas al Clima. Resistencias y malas prácticas del sector empresarial ante el reto de la descarbonización” de Greenpeace

Iberia. Greenwashing

Iberia reconoce que emitió 5,1 millones de toneladas de CO2 equivalentes en el año 2019. La empresa tampoco esconde que depende de la quema de combustibles fósiles para realizar su actividad, pero sí que oculta el impacto de los vuelos cortos operados por sus filiales Iberia Express y Air Nostrum, que es donde reside el verdadero potencial de las compañías aéreas para reducir emisiones.

Iberia. Greenwashing

Iberia (perteneciente al grupo británico IAG) aumentó el número de operaciones durante el año 2019. Por este motivo, su Memoria de Sostenibilidad del ejercicio 2019 reconoce un aumento de las GEI (alcance 1) respecto al año anterior, alcanzando la cifra de 5,1 millones de toneladas de CO2e. Según el Observatorio para la Sostenibilidad, el pasado año IAG-Iberia aumentó un 1% sus emisiones respecto al año anterior. 

Desde la compañía aérea se apresuran a explicar que pese al mayor número de operaciones, el indicador de intensidad de emisiones por operaciones vuelo mejoró en 2019 significativamente por la incorporación de las nuevas aeronaves A320neo y A350-900, hasta un 35% más eficientes que los aviones a los que sustituyen. También, desde Iberia, resaltan las iniciativas de eficiencia de combustible que tienen un impacto positivo en este indicador.

El sector de aviación es muy relevante en la lucha contra el cambio climático, ya que en 2017 este sector representó el 13,9% de todas las emisiones europeas de GEI del sector transporte. 

Antes de la crisis global surgida por la Covid-19, los pronósticos hablaban de que las emisiones de CO2 del sector aéreo crecerían un 21% hasta 2040; o que para el año 2050 las emisiones de GEI de este sector serían el doble o el triple que las actuales, consumiendo hasta un cuarto del presupuesto mundial de carbono para el escenario de 1,5 ºC.. Por este motivo, urgen cambios en los modelos de movilidad, nuevos marcos jurídicos y desarrollos tecnológicos que pongan a este sector en la senda de las descarbonización y los compromisos del Acuerdo de París.

Iberia, como parte del Grupo IAG, informa en su web y en su Memoria de Sostenibilidad 2019 que ha adoptado el objetivo de emisiones cero netas de CO2 para el año 2050. Esta empresa tampoco pierde la ocasión para ponerse medallas y afirma que “lleva más de una década liderando el movimiento de la aviación contra el cambio climático”. Pero, dentro de las empresas del IBEX 35, Iberia está en el furgón de cola por la baja calidad de su reporte en su Estado de Información No Financiera del ejercicio 2018.

En su Memoria de Sostenibilidad, IAG-Iberia se han marcado los siguientes objetivos intermedios para la consecución del objetivo emisiones netas cero en el año 2050:

  • 2025: Reducción de las emisiones por pasajero en un 10% (comparado con 2020).
  • 2030: 20% emisiones netas.
  • 2050: Emisiones netas cero.

La empresa no esconde las grandes limitaciones a las que se enfrenta para lograr estos objetivos: dependen de la quema de combustibles fósiles (queroseno) y, de momento, las soluciones bajas en carbono son mucho más complejas que en otras modalidades de transporte; y el 80 % de las emisiones proceden de viajes de más de 1.500 km, en los que no existe una alternativa razonable a volar. 

Pero Iberia no se plantea la reducción del número de operaciones o la eliminación de vuelos de distancias cortas. El objetivo de reducción del 20% para 2030 se pretende llevar a cabo mediante la renovación de la flota (con aviones más eficientes), medidas de eficiencia en el uso de combustibles y la mejora de operaciones en vuelo y tierra. Sin embargo, para alcanzar las emisiones netas cero en 2050 Iberia no dispone de estrategia, y tiene puesta la mirada en la compensación de emisiones vía plantaciones de árboles e inversión en combustibles alternativos. Y dentro de estos, si bien han descartado falsas soluciones con apellido “bajo en carbono”, optan por los combustibles sintéticos sin descartar los agrocombustibles, aunque descartando los basados en cultivos con alto impacto en la deforestación (soja, aceite de palma).

Los responsables de Iberia afirman que sus vuelos peninsulares son sustituibles, ya que su negocio es el trayecto de largo radio y su mercado es Latinoamérica. La argucia está en no asumir la responsabilidad ni el reporte ambiental de sus aerolíneas filiales Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum, las cuales concentran la mayoría de destinos de corto y medio radio. A pesar de operarse bajo estas otras marcas, en su Informe de Sostenibilidad 2019 la flota de ambas aerolíneas filiales (23 y 42 aeronaves respectivamente) aparece como propiedad de la compañía Iberia.  

Un ejemplo que ilustra muy bien como desde el sector de la aviación se está pervirtiendo el discurso de neutralidad y emisiones neta cero es su posición respecto a su necesaria entrada dentro del sistema de comercio de emisiones. Bajo el actual régimen de permisividad en el que operan las compañías aéreas, éstas pueden seguir aumentando el número de vuelos y aumentando las emisiones brutas y, al mismo tiempo, buscar el balance de emisiones “cero neto” comprando compensaciones de proyectos de reforestación. Este tipo de contabilidad “neta” oculta el verdadero potencial de reducción de emisiones que podría lograrse con el sector aéreo si las empresas aéreas concentran sus esfuerzos en eliminar los vuelos de trayectos cortos, mejoran la eficiencia en el transporte y buscan combustibles sintéticos no basados en los combustibles fósiles. Una vez hecho esto, el balance neto se conseguiría mediante la compensación de emisiones en proyectos de absorción de carbono.

Para este cometido, IAG-Iberia pone sus esperanzas en la compensación de carbono (desde noviembre de 2019 ya existe un “Bosque Iberia” en la localidad madrileña de Paracuellos del Jarama); en la compra de energía verde;  y en el desarrollo de estos nuevos combustibles. Sobre esto último, desde la compañía advierten que necesitan un precio del combustible “competitivo”. Esto es, Iberia pide que el coste de volar para el pasajero no internalice los impactos ambientales negativos. Sin embargo, es fundamental empezar a repercutir estas externalidades ambientales del transporte al coste de la tarifa o el producto. 

El Fondo Monetario Internacional ha estimado que existe una brecha de 5 billones de dólares (el 6,5% del PIB mundial) entre el precio actual de los combustibles fósiles y el costo real de su uso, incluido el costo de las implicaciones para la salud de la contaminación del aire y sus consecuencias. del cambio climático. Por tanto, sean combustibles fósiles o de nueva generación es importante integrar estas externalidades en los costes del consumo de combustible y de la movilidad. Si el precio de un billete de avión incluyera los impactos ambientales del consumo de queroseno (o sus sustituto “verde”) evitaríamos que el sector del transporte aéreo siguiera su tendencia al alza como contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Por tanto, no se puede considerar que el desempeño ambiental de IAG-Iberia esté alineado con la reducción de emisiones, ni con el objetivo del 1,5 ºC. Como señalamos desde Greenpeace en enero de 2020, la empresa no cuenta todavía con una política específica frente al cambio climático. Y su incipiente “bosque” en la Comunidad de Madrid es una argucia para distraer la atención sobre su responsabilidad en el agravamiento del cambio climático.  

Ecoembes, un lobo con piel de cordero

Ecoembes, el monopolio del reciclaje en España, miente sobre sus objetivos y hace trampas al clima: evita asumir dentro de sus impactos indirectos ese 5% de gases de efecto invernadero que emite su sector debido, entre otras cosas, a la fabricación desmedida de plásticos de un solo uso, botellas desechables y envases.

Ecoembes, un lobo con piel de cordero

El sector Residuos contribuye actualmente con el 5% a las emisiones totales de GEI a nivel nacional, aunque el peso asciende al 8% si tenemos en cuenta sólo el conjunto de los sectores difusos.

Y una parte de estas emisiones tienen como protagonista a Ecoembes (Ecoembalajes España, S.A.), una empresa privada creada por 12.000 empresas, grupos y asociaciones de empresas relacionadas con los envases de usar y tirar (tales como fabricantes de envases, envasadores, distribuidores de productos envasados y comercios) con el objetivo de gestionar el canon que obligatoriamente deben destinar estos productores de envases a la gestión de los mismos, tal y como marcan las leyes europeas y españolas. 

Este peculiar sistema de gestión de envases recibe el pomposo nombre de “sistema integrado para gestión y reciclaje de residuos de envases ligeros de consumo doméstico” recogidos mediante el contenedor amarillo, también conocido por el acrónimo SIG. Ecoembes paga a la mayor parte de los ayuntamientos de España por la recogida y tratamiento del contenedor amarillo y después, vende los residuos a plantas de reciclaje que tratan de recuperar la mayor parte del plástico. Según reza su página web, “hacen posible que los envases de plástico, latas y briks (contenedor amarillo) y los envases de cartón y papel (contenedor azul) puedan tener una segunda vida”.

Pero el mensaje oficialista del reciclaje promovido desde por Ecoembes está obsoleto y es, además, una gran mentira, según acaba de denunciar Greenpeace en su informe “Ecoembes miente”. Ya en 2019 Greenpeace denunciaba como solo el 25,4% de los envases plásticos se recuperaron en España en 2016, según una media de los datos aportados por las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y las caracterizaciones de residuos que hacen estas administraciones. La mayor parte de los envases plásticos no se reciclaron: se depositaron en vertederos (787.059 tn) o se incineraron (172.293 tn), lo que supone un 63%. Si a esto se suman los envases exportados (282.560 tn), de los que no existe plena garantía de que se reciclen, el porcentaje sube a más del 80%.

Ecoembes es el único SIG de España para la gestión de residuos de envases domésticos, lo que le propicia una situación de poder sobre las empresas que gestiona, entidades locales y otros ámbitos que patrocina. Depende, por lo tanto, del número de envases puestos en el mercado. Es decir, tiene el monopolio del reciclaje.

Durante y después de la Gran Recesión de 2008, la reducción del consumo provocó una menor producción de envases. Y Ecoembes subió sus tarifas, alegando una disminución de los ingresos en 2009, marcada por el descenso en los precios del material reciclado, por la crisis internacional y por la caída del número de envases puestos en circulación por las empresas, derivada del descenso en el consumo de productos envasados. Es decir, si hay menos envases (por crisis de consumo o por implantación de otro sistema de gestión de residuos), suben las tarifas. Su negocio depende, por lo tanto, del número de envases puestos en el mercado. A Ecoembes no le interesa que se produzcan menos residuos.

En septiembre de 2020 la Fundación Changing Markets publicó una investigación denominada “Hablan Basura”, donde hacen responsable a Ecoembes de frenar la llegada de un sistema de retorno y de ralentizar la lucha contra los plásticos de un solo uso. Esta dinámica ha hecho, según la fundación británica, que Ecoembes se haya convertido en un potente Lobby que presiona en la sombra para que en España no se adopten otros métodos que permitan mejorar la reutilización y recuperación de envases, como por ejemplo un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), que ya funcionó en España en buena parte del siglo XX. Según dicho estudio, “a través de su patrocinio, parece que Ecoembes ha ejercido una influencia indebida sobre el rigor académico de los informes de estas instituciones sobre residuos plásticos: informes que han sido criticados por desinformar al público sobre las tasas reales de reciclaje, proporcionando información engañosa“. 

El hecho es que la implantación del sistema SDDR reduciría la emisión de GEI y supondría el fin del modelo monopolístico de negocio de Ecoembes. En contra de los intereses de este lobby, un estudio piloto comparativo de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) derivados de diferentes sistemas de recogida de envases (SDDR vs SIG) demostró que mientras el sistema “actual” municipal emitió 0,84 toneladas de CO2 equivalentes por cada 1.000 envases, el sistema SDDR emitió 0,29 toneladas de CO2 equivalentes por cada 1.000 envases. 

Curiosamente, esta empresa gestora de residuos reconoce que cerca del 50% de las emisiones de CO2 están directamente relacionadas con la actividad ciudadana en la vida cotidiana. Pero no recomienda cambiar de sistema de gestión de residuos. Recomienda que usemos más el transporte público, no derrochemos electricidad o agua, o reciclemos nuestros residuos. Gracias al reciclaje de envases, afirman, desde Ecoembes se ha conseguido reducir las emisiones de CO2 en 15 millones de toneladas durante los últimos años.

La falta de transparencia afecta también al reporte de la empresa. Su Memoria Anual de 2019 no aporta datos sobre su huella de carbono, ni la versión digital ni el resumen en pdf para descargar. Los últimos datos disponibles en su web, de 2015,  informa del total de gases de efecto invernadero (GEI) generados por su organización, que incluye sus tres oficinas (Madrid, Barcelona y Sevilla) y las del Outsourcing. Según su particular método de cálculo, en 2015 su huella de carbono fue de 403,5 toneladas de CO 2 eq, manteniéndose prácticamente constante respecto a la de 2014 y 2013. En este cálculo tiene en cuenta las emisiones directas (alcance 1), como la calefacción de gasoil, el consumo de combustibles de su flota de vehículos y el escape de gases refrigerantes; y las indirectas (alcances 2 y 3), pero solo incluyen las relacionadas con la compra de bienes y servicios y con la prestación de nuestra actividad (viajes). No calcula las emisiones de su cadena de valor ni las exportaciones de basura a otros países, como Malasia, Tailandia, Vietnam…, externalizando sus emisiones de GEI, hacia otros países.

Ecoembes representa los intereses de la industria de los envases de usar y tirar,es un monopolio, miente sobre sus objetivos y hace trampas al clima, evitando asumir dentro de sus impactos indirectos ese 5% de GEI que emite su sector debido, entre otras cosas, a la fabricación desmedida de plásticos de un solo uso, botellas desechables y envases.

Banco Santander. Greenwashing

Las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero del Banco Santander se hacen gigantes por su exposición al sector del carbón en Polonia y al sector agropecuario responsable de la deforestación en Brasil. Sin embargo, la presidenta del Banco Santander no dudó en participar en un conocido programa de televisión para lamentarse de los efectos del cambio climático en Groenlandia, mientras con la otra mano el banco sigue financiando la energía sucia.

Banco Santander. Greenwashing

Las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero del banco Santander se hacen gigantes por su exposición al sector del carbón en Polonia y al sector agropecuario responsable de la deforestación en Brasil. Por esta razón el Santander no está muy interesado en reportar su huella de carbono de alcance 3. Por eso también se hace gigante la distancia entre los hechos y las apariciones públicas de su CEO, Ana Botín (incluida su visita al Ártico en un programa de televisión), y sus promesas de descarbonización, emisiones cero netas en 2050 y otros objetivos derivados del Acuerdo de París. 

Diversas organizaciones han analizado recientemente el apoyo de la gran banca al carbón, donde el banco Santander, con 1.410 millones de dólares, aparece como uno de los principales bancos españoles responsables de que siga quemando carbón en Polonia. Este apoyo al carbón de empresas supuestamente comprometidas con el Acuerdo de París lo comparte con otras entidades financieras españolas como el BBVA y CaixaBank-Bankia.

Pero esta entidad financiera tiene un papel fundamental en las emisiones de GEI producto de la deforestación en Brasil. El Santander figura en octavo lugar en el ranking mundial de bancos que otorgan créditos al sector de la producción de carne y lácteos. En Brasil, un informe publicado en 2019 por Amazon Watch y APIB, “Cumplicidade na Destruição”, señalaba directamente al Banco Santander como una de las entidades financieras que sostienen (con inversiones estimadas en 1.600 millones de dólares) a las tres mayores productoras de carne de Brasil: JBS, Marfrig y Minerva.

Y mientras el banco Santander se hace fuerte en Brasil, durante los años 2019 y 2020 se ha visto un incremento de los incendios en los biomas de la Amazonia, el Cerrado y el Pantanal en Brasil. La Amazonia sigue ardiendo y los datos auguran que la deforestación en 2020 será aún mayor que en 2019, que ya fue el peor año de la última década. Los datos del INPE también muestran que en el estado de Pará el 68% de los focos se concentran en 4 municipios, precisamente los municipios que concentran el 19% de todo la cabaña ganadera del estado de Pará, según datos del censo agropecuario brasileño del Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Se calcula que el 75% de las áreas deforestadas en la Amazonia han sido ocupadas por ganado.

El Santander sabe que se acumulan las evidencias de la implicación de sus clientes (JBS, Marfrig y Minerva) en la deforestación y las operaciones de triangulación de las cabezas de ganado para ocultar las ilegalidades a lo largo de la cadena de suministro. Una investigación conjunta de Greenpeace Brasil y Repórter Brasil encontró que, entre abril de 2018 y junio de 2019, el ganado de dos granjas que operaban ilegalmente en un espacio protegido donde se está deforestando la selva fue vendido a otra instalación ganadera del mismo propietario pero ubicada fuera del espacio protegido. Esta granja es un proveedor importante de carne de los tres principales mataderos de Brasil ya mencionados. La investigación descubrió el sistema de “lavado de ganado ilegal” que permitía que este ganado procedente de zonas deforestadas ilegalmente pudiera ser suministrado a mataderos que se habían comprometido públicamente a limpiar sus cadenas de suministro de ganado procedente de áreas afectadas por la deforestación e invasión de áreas protegidas. En otra investigación reciente de Amnistía Internacional,  “De la selva a la granja”, también se documentó que ganado criado ilegalmente en áreas protegidas de la selva tropical amazónica de Brasil habían entrado en la cadena de suministro de JBS, la mayor procesadora de carne del mundo.

El Santander presume, como el resto de grandes empresas, de estar comprometidos con la lucha contra el cambio climático, la financiación de proyectos de energías renovables y eficiencia energética. Pero según el informe Fossil Fuel Finance Report Card 2019, esta entidad ha destinado 13.400 millones de euros en los tres últimos años a financiar la industria de los combustibles fósiles, lo que contradice en gran medida sus objetivos y convierte a este banco en uno de los bancos europeos que más proyectos contaminantes financia en Europa. Curiosamente, la entidad bancaria, hace una lectura favorable de este ranking: “En comparación con nuestros peers y con otros grandes bancos comerciales, Santander financia una cantidad total relativamente baja de combustibles fósiles”, afirman en su Memoria Anual 2019.

Como señala el Think Tank Carbon Tracker, la mitigación del cambio climático requiere una disminución de las emisiones en términos absolutos, no sólo relativos; sin embargo, la idea de una estrategia de inversión que contemple la disminución de la producción de petróleo y gas sigue siendo un anatema. La planificación del capital tendrá que incorporar plenamente los límites absolutos de las emisiones (y el posicionamiento competitivo de la empresa dentro de esos límites) antes de que las empresas puedan considerarse verdaderamente alineadas con el Acuerdo de París.

El banco Santander tiene en Polonia y en Brasil la oportunidad de frenar el cambio climático. Pero prefiere hacer trampas con el clima. 

Real Madrid: Greenwashing

Mientras comienzan los trabajos para crear un bosque de 25 hectáreas para neutralizar la huella de carbono, el Real Madrid se traslada en avión para jugar cada partido fuera de la capital, incluso a ciudades como Valladolid, Salamanca o Zaragoza, a una distancia de la capital inferior a las dos horas de viaje en tren. El ejemplo no puede ser más sangrante: contaminar y plantar árboles, compensar emisiones para seguir igual.

Real Madrid: Greenwashing

Con motivo de la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se celebró en Madrid en diciembre de 2019, el primer equipo de fútbol del Real Madrid lució en su propio estadio una equipación verde, algo que ha hecho en muy pocas ocasiones a lo largo de su historia (y nunca en su propio campo). Según publicaron en su web “esta iniciativa se enmarca en el apoyo del club a la acción Castellana Verde y dentro de la COP25”. 

No era esta la única acción “verde” de este club de fútbol en vísperas de la cumbre climática. Ni la primera: en 2017, al comienzo de las obras de remodelación del estadio Santiago Bernabeu, se anunció que el proyecto convertiría a este edificio en más eficiente y responsable con el medio ambiente. 

Una vez acabada la cumbre, el equipo merengue volvió a su equipación habitual en sus partidos en casa de Liga y Copa. Y continuó trasladándose a los estadios de los equipos rivales en avión incluso a ciudades como Valladolid, Salamanca o Zaragoza, a una distancia de Madrid inferior a las dos horas de viaje en tren. Tras mostrar su apoyo a la lucha contra el cambio climático, los directivos del Real Madrid han seguido con el mismo modus operandi y el equipo viaja en avión a cualquier sitio, emitiendo en ese desplazamiento grandes cantidades de gases de efecto invernadero por pasajero. 

Durante toda la temporada 2019/2020, el Real Madrid C.F. ha utilizado el avión para todos los desplazamientos fuera de Madrid. Junto al F.C. Barcelona y al R.C. Celta de Vigo, es el club que más abusa del avión cuando juega fuera de casa, descartando obviamente los equipos insulares, como el R.C.D. Mallorca. Pero el caso del Real Madrid es el más grave, puesto que la centralidad de la capital dentro de la geografía ibérica hace que un buen número de sus desplazamientos sean cortos y, por tanto, existan opciones de transporte mucho menos contaminantes y comprometidas con los valores de la lucha contra el cambio climático. Además, la diferencia en tiempo total del trayecto entre avión y tren no es sustancial. Pero cada jugador o miembro del equipo técnico que viaja en avión emite 20 más CO2 por km que si lo hiciera en tren. Se podría hacer un cálculo de cuántas emisiones de GEI se emiten por cada gol que este equipo marca a sus equipos rivales.

El resto de equipos de Primera División en la Comunidad de Madrid (Atlético de Madrid, Getafe C.F. y C.D. Leganés) han utilizado el tren al menos para sus desplazamientos más próximos, como Barcelona (contra el Barcelona y el Espanyol), Valencia (Valencia C.F., Levante F.C.), Sevilla (Sevilla F.C., Real Betis) o Granada.

El Real Madrid se viste de verde para ocasiones especiales, pero sigue abonado al viaje en avión y sus altas emisiones de GEI. Eso sí, según su Informe de RSC y Sostenibilidad, el club ha desarrollado durante 2019 un inventario de gases de efecto invernadero, analizando su huella de carbono para, posteriormente (temporada 2019/2020), compensar esas emisiones creando un sumidero de CO2 mediante la plantación de un bosque en la Comunidad de Madrid. 

En ese sentido, se supone que durante el año 2020 han comenzado los trabajos y las inversiones para crear un bosque de 25 hectáreas como proyecto para neutralizar la huella de carbono. Y se ha obtenido la inscripción oficial en el Registro de huella, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono en el Ministerio para la Transición Ecológica, siendo el primer club deportivo que obtiene el sello oficial de inscripción correspondiente. Según presume esta institución presidida por Florentino Pérez, con este gesto el club se posiciona como una organización referente en la lucha contra el cambio climático. 

El ejemplo no puede ser más sangrante. Contaminar y plantar árboles; compensar emisiones para seguir igual. 

Repsol. Greenwashing

Captura y almacenamiento de CO2, fabricación de combustibles sintéticos, plantación de árboles… La descarbonización de Repsol está llena de trampas. Sin embargo, la mayor muestra de la resistencia de Repsol al cambio está en que la petrolera pospone para después de 2040 la compensación del 60% de sus emisiones.

Repsol. Greenwashing

En el año 2018, Repsol-Petronor fue, con 10,6 millones de toneladas de GEI (el 3% del total del país), la segunda empresa española más contaminante. En 2019, las emisiones de esta petrolera aumentaron un 13%.

Antonio Brufau, presidente de la compañía petrolera REPSOL, anunció en diciembre de 2019 que para 2050 la compañía será neutra en emisiones de carbono. Debido al enunciado de estos nuevos objetivos climáticos, Carbon Tracker sitúa a Repsol en el trío de cabeza dentro de un grupo de 9 grandes petroleras globales en función de este nuevo marco de alineamiento con el Acuerdo de París. 

Neutralidad neta, claro está, las emisiones de gases contaminantes brutas podrán seguir creciendo. Repsol ha establecido objetivos a largo plazo relacionados con la intensidad relativa de carbono de su producción, en términos de emisiones de CO2 por unidad de energía producida. Al enmarcar sus ambiciones climáticas en términos relativos, esta petrolera es libre de perseguir una producción de combustibles fósiles cada vez mayor, lo que está en desacuerdo con los límites finitos del presupuesto mundial de carbono y en desacuerdo con las recomendaciones científicas reflejadas en los compromisos internacionales. Repsol sigue orientada al crecimiento de su modelo de negocio (gas y petróleo), por lo que es muy alto el riesgo de que su inversión en proyectos de extracción y refino de combustibles fósiles anulen los resultados positivos obtenidos con sus apuestas e inversiones en soluciones con bajas emisiones de carbono. 

Por este motivo, la descarbonización de esta petrolera está llena de trampas. Repsol pretende alcanzar el objetivo cero emisiones netas para 2050 continuando con la quema de combustibles fósiles (gas fósil y, en menor medida, petróleo), reduciendo su huella a través de la captura y almacenamiento de CO2, la fabricación de combustibles sintéticos y la plantación de árboles y otras soluciones basadas en la naturaleza. Si hay una empresa española que abusa del concepto de la compensación de emisiones, esa es Repsol.

Esta petrolera desoye el estudio publicado en 2015 en la revista Nature, que establecía que una tercera parte de las reservas actuales de petróleo, la mitad de las de gas y más del 80% de las reservas de carbón deberían permanecer intactas en los próximos 40 años si la humanidad quiere conseguir el objetivo marcado por los científicos para evitar consecuencias catastróficas a causa del cambio climático que supondría un calentamiento global de 2 ºC. 

Los responsables de Repsol son firmes defensores de la doctrina de la neutralidad tecnológica neutralidad de mercado. Así, defienden que el regulador no debe interferir en el protagonismo de los diversos sectores y tecnologías en la transición ecológica. Para esta empresa la transición justa es la que es justa para ellos, y se basa por tanto en esta supuesta neutralidad. Apuestan por una financiación sostenible “inclusiva”, en la que “tienen cabida sectores que demuestren una estrategia ESG robusta y un compromiso con una transición ordenada y ambiciosa, aunque hoy sean actividades emisoras”.

Repsol reclama la no intervención del regulador a la hora de establecer las prioridades y acelerar los cambios para alcanzar el 1,5 ºC, pero cambia de tercio a la hora de pedir ayuda económica a las instituciones públicas. La petrolera fue una de las empresas beneficiadas por la compra de bonos corporativos por parte del Banco Central Europeo (BCE) entre mediados de marzo y mediados de mayo de 2020 (bonos corporativos por valor de casi 30.000 millones de euros), según un informe publicado por Greenpeace en junio de 2020.

No solo Repsol, otras empresas españolas como Cepsa y Naturgy también se han visto beneficiadas por los rescates respaldados por el gobierno (ayudas canalizadas a través del ICO y la SEPI), ayudas que no han sido no han sido condicionadas al cumplimiento de criterios climáticos, ambientales o sociales vinculantes, pese a que en las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social aprobadas en el Congreso el pasado mes de julio incluían esta condicionalidad.

Partiendo de esta premisa, el derecho a seguir extrayendo y refinando petróleo y gas con apoyo del marco regulatorio y financiero, Repsol crea un escenario de descarbonización ad hoc y pone sus expectativas futuras en el papel que puedan jugar en las tecnologías de CCA y los carburantes de nueva generación. Y plantar árboles. En el verano de 2019, el presidente de esta compañía, Antonio Brufau, propuso entre las soluciones dedicar el 15% del impuesto sobre hidrocarburos a programas de reforestación a gran escala para compensar las emisiones de todo el sector del transporte por carretera europeo, y conseguir así un eficaz sumidero de carbono mientras van madurando otras tecnologías de eliminación de CO2. 

Pero la mayor muestra de la resistencia de Repsol al cambio está en una gráfica y en un indicador. La petrolera pospone para después de 2040 la compensación del 60% de sus emisiones. Y esa reducción estará referida a “intensidad de carbono”, es decir, la cantidad de emisiones por energía producida. Nada indica que las emisiones brutas se vayan a reducir. Seguirá con su modus operandi y confiando en la tecnología para compensar sus gases contaminantes. Una quimera.

BBVA. Greenwashing

En 2018, el BBVA anunció la movilización de 100.000 millones de euros hasta 2025 para luchar contra el cambio climático e impulsar el desarrollo sostenible. Además, ha sido una de las entidades pioneras en ajustar sus préstamos a los objetivos marcados en el Acuerdo de París. Sin embargo, y según el Fossil Fuel Finance Report Card 2019, entre otras trampas al clima, el BBVA ha destinado 12.080 millones de dólares en los tres últimos años a financiar la industria de los combustibles fósiles.

BBVA. Greenwashing

El banco BBVA se ha comprometido a ser neutro en emisiones de CO2 en 2020; para 2025 se ha fijado el objetivo de reducir un 68% sus emisiones de CO2 con respecto a 2015 y que el 70% de la energía contratada en todo el mundo sea renovable. Unos objetivos enmarcados en su Compromiso 2025, lanzado por la entidad para avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y del Acuerdo de París sobre cambio climático. 

Nos encontramos, nuevamente, con otra empresa líder en la lucha contra el cambio climático. En 2018, el banco BBVA anunció a bombo y platillo la movilización de 100.000 millones de euros hasta 2025 para luchar contra el cambio climático e impulsar el desarrollo sostenible. Y también en 2018, esta misma entidad bancaria fue, junto con otros 4 bancos (ING, BNP Paribas, Société Générale y Standard Chartered) una de las entidades financieras pioneras que firmaron en la COP24, en Katowice, el compromiso de ajustar sus carteras de préstamos a los objetivos marcados en el Acuerdo de París contra el cambio climático.

Sin embargo, y según el informe Fossil Fuel Finance Report Card 2019, el BBVA ha destinado 12.080 millones de dólares en los tres últimos años a financiar la industria de los combustibles fósiles. Y diversos informes e investigaciones han cuestionado las contradicciones de esta entidad bancaria en cuanto a su proceso de descarbonización, su desvinculación de las energías fósiles y su adhesión al Acuerdo de París.

Desde 2017, el BBVA cuenta con el 49,85 % de las acciones del segundo mayor banco privado de Turquía, Garanti (ahora Garanti BBVA), filial que en 2018 suponía la tercera vía de ingresos en la cuenta de resultados del BBVA (un 9,8% de las ganancias del grupo), pero que descendió al 5º lugar en 2019, con tal solo un 8,4% de las ganancias.

Hablar de Garanti BBVA es hablar de carbón, de cambio climático. Esta entidad, que tiene pendiente todavía publicar sus sustainability milestones de 2019, ha financiado en la última década el auge del carbón en Turquía, ha participado directamente en la financiación de seis proyectos de centrales eléctricas de carbón y ha brindado un importante apoyo financiero a la privatización de cuatro centrales eléctricas de carbón existentes, lo que ha significado la extensión de su vida útil.

El BBVA afirma en su web que tiene normas sectoriales (defensa, minería, energía, agricultura e infraestructura). Pero estas normas establecen excepciones que dejan la puerta abierta a la financiación de proyectos y sectores responsables del agravamiento del cambio climático y que echan por tierra sus objetivos de descarbonización. Así, para el sector de energía y minería, el BBVA defiende que “podrá haber excepciones en el caso de minas nuevas o expansión de minas de carbón ya existentes que usen métodos extractivos MTR y en el caso de clientes con una alta proporción significativa de actividades consistentes en extracción de carbón en países con una alta dependencia energética (más del 65% de la energía importada…).” En la norma subraya que “BBVA publicará información sobre tales proyectos o clientes financiados”, sin embargo, no se ha encontrado evidencias de número de proyectos financiados o rechazados por cuestiones medioambientales, ni actuaciones en relación con aquellos que habiéndose financiado con anterioridad están generando importantes impactos sobre el medioambiente”. Se puede decir que la filial Garanti BBVA es, dentro de la política energética de la entidad, un verdadero talón de aquiles.

Con esta cartera de préstamos e inversiones, el BBVA no puede más que esconder sus emisiones indirectas de su huella de carbono, el alcance 3, y solo contabiliza las emisiones derivadas de viajes de negocio en avión y de desplazamientos de los empleados de servicios centrales al centro de trabajo. Las emisiones de GEI del carbón en Turquía, ni las del sector del fracking en EE.UU. no aparecen en su cuenta de resultados. 

Además de hacer trampas en el cálculo de su huella de carbono, para simular cumplir sus objetivos de descarbonización habla de “compensación” de sus emisiones a través de la contratación de energía verde, que espera ascienda desde el 27% en 2015 al 48% en 2020 y al 70% en 2025.

Además, la emisión de bonos verdes les da ocasión al BBVA para hacer malabarismos con su huella de carbono. Así, afirman que el bono verde que BBVA emitió en mayo de 2018 ha contribuido a reducir la huella de carbono en 274.609 toneladas de CO2 en 2018 desde la fecha de emisión en mayo de 2018 y en otras 106.539 toneladas estimadas en 2019, y ha generado 558 GWH/año de energía eléctrica renovable. Así consta en el primer informe de seguimiento de este bono.

Definitivamente, el BBVA no está alineado con el Acuerdo de París. Ha optado por seguir apoyando los combustibles fósiles mientras alardea de financiar lo verde.

COREN. Greenwashing

El Grupo Coren es la mayor cooperativa agroalimentaria de España y una de las 30 mayores empresas del mundo en el sector de carne y lácteos. A pesar de ello, esta empresa no rinde cuentas sobre el impacto ambiental de su actividad: no elabora ninguna memoria de sostenibilidad y no realiza un cálculo de su huella de carbono.

COREN. Greenwashing

El Grupo Coren es la mayor cooperativa agroalimentaria de España y una de las 30 mayores empresas del mundo en el sector de carne y lácteos. 

Debido a sus orígenes, esta gran empresa se estructura como una cooperativa de segundo grado, es decir, una cooperativa en la que se integran muchas pequeñas cooperativas que son las que gestionan directamente la actividad productiva: centros de procesados de carne (avícola, porcino y vacuno), centros de incubación de huevos, producción de piensos (Coren Agroindustrial), un laboratorio de innovación agroalimentaria, una empresa gestora de subproductos de origen animal, plantas de cogeneración, empresas comercializadoras de productos, etc. Aunque producen y manufacturan únicamente en Galicia, el 40% de los más de 1000 millones de euros facturados en 2017 procedieron de sus ventas fuera de España.

Pese a las dimensión del grupo, su implantación territorial en Galicia y su expansión internacional (Brasil, UK, Japón, Corea, Angola, Argentina, Portugal, etc.), esta empresa no rinde cuentas sobre el impacto ambiental de su actividad. No elabora ninguna memoria de sostenibilidad, no realiza un cálculo de su huella de carbono y la información ambiental que aparece en su página web es anecdótica. Cuenta con algunas certificaciones de calidad (ISO, Galicia Calidade) y certificación ecológica para algunos de sus productos, pero la información sobre la medición del impacto ambiental de su actividad y su mitigación se limita a una escueta frase en su web que reza: “Producción agroganadera sostenible. Modernas tecnologías de protección del medio ambiente en granjas e industrias”. 

No vamos a volver a repetir los datos sobre las emisiones de GEI y la huella de carbono del sector alimentario español y, dentro de este, de la ganadería industrial. Los argumentos expuestos anteriormente para el caso de Campofrío son válidos también para una empresa cooperativa como Coren. Solo añadiremos que, en Galicia, el 95% de las emisiones de amoniaco declaradas del sector agrícola provienen del sector ganadero, sin embargo aquí el sector más contaminante es el avícola, con 58% de las emisiones y el porcino responsable del 37%. La segunda explotación de Galicia más contaminante es la de pollos de engorde que está en Cortegada (Sarreaus, A Limia) y que pertenece al Grupo Coren.

Pese a la ausencia de reporte en materia de responsabilidad social y ambiental, Coren es firmante del Pacto Mundial desde 2016. Este acuerdo voluntario es un llamamiento de Naciones Unidas a las empresas y organizaciones a que alineen sus estrategias y operaciones con Diez Principios universales sobre derechos humanos, normas laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción. Los informes de progreso de Coren respecto a los objetivos de este pacto, especialmente el último firmado en octubre de 2019, carecen de información alguna que permita evaluar su progreso en los principios que asumió como propios en 2016. Además, en dicho informe de progreso de 2019 Coren elude informar sobre las recientes sentencias contrarias a la empresa por precarización del trabajo y vulneración de los derechos de los trabajadores.  

Coren no dispone de un informe de carácter público donde informe de la medición de sus emisiones de GEI. Hace una década, se estimaba unas emisiones directas de 6,7 miles de tCO2-eq-año, pero dado el crecimiento y volumen de negocio del grupo, estas emisiones están claramente desactualizadas. Como en el caso de las emisiones directas, Coren no está interesada en indagar las emisiones indirectas procedentes de su cadena de valor, la expansión a nuevos mercados como China, o las importaciones de materias primas para la fabricación de piensos desde Latinoamérica. 

Como en el caso de Campofrío, Coren tampoco ha querido contestar a Greenpeace sobre el origen de la soja que utiliza para la fabricación de piensos, ignorando los impactos de la importación de soja procedente de países como Argentina y Brasil. Además, esta empresa es responsable de episodios graves de contaminación debido a la mala gestión de los residuos ganaderos, vulnerando las directivas europeas referentes a las emisiones de amoníaco y provocando la contaminación con nitratos y otros compuestos de las aguas superficiales y subterráneas.

Coren se esconde detrás de su relevancia en el sector de la “economía social”, especialmente en Galicia, donde es una empresa con amplio reconocimiento social. Bajo este paraguas y patrón de negocio, elude sus obligaciones con la sociedad en su conjunto evitando medir, reportar y mitigar sus impactos negativos sobre el clima, la biodiversidad y los recursos hídricos. 

Pero la realidad de esta empresa es que sus actividades económicas han derivado en graves problemas ambientales, sanitarios y sociales en las zonas donde opera. Aunque haya firmado el Pacto Mundial, Coren es un problema para el clima.

Endesa. Greenwashing

Endesa es la empresa más contaminante de España. Sin embargo, esto no impidió que llevase a cabo una de las mayores operaciones de greenwashing de los últimos tiempos. Durante la celebración de la Cumbre del Clima en Madrid en 2019 (COP 25), compró todas las portadas de los periódicos para anunciar sus “soluciones para una sociedad libre de emisiones”.

Endesa. Greenwashing

Endesa, propiedad de la empresa italiana ENEL, fue, con 30 millones de toneladas de GEI (el 9,28% del total del país), la empresa más contaminante en España en 2018. Y siguió siéndolo en 2019, pese a haber conseguido reducir a la mitad, aproximadamente, sus emisiones (16,4 Mt CO2 equiv), gracias al cierre parcial de sus centrales térmicas de carbón.  

Estas credenciales, ser la mayor empresa contaminante de España, no impidió que los responsables de Endesa quisieran escalar también a lo alto del podio del greenwashing, pertrechando la mayor operación de marketing tóxico de la reciente Historia de España. El 2 de diciembre, el día que comenzaba en Madrid la Cumbre Mundial del Clima (la COP25), esta empresa compró la portada de una veintena de periódicos españoles, entre nacionales, regionales, económicos y digitales. El titular era igual en casi todos los periódicos: “Endesa presenta en la COP25 de Madrid sus soluciones para una sociedad libre de emisiones”.

En realidad, y durante décadas, Endesa ha sido el líder de la oposición contra la agenda nacional de lucha contra el cambio climático, defendiendo la continuidad de la energía nuclear, la multiplicación de centrales de gas y el mantenimiento de la quema de carbón, mientras obstaculizaba la expansión de las energías renovables que no fueran de su propiedad. 

Desde su excelente posición en el oligopolio energético español, y con un Consejo de Administración lleno de primeras espadas de la política nacional (Martín Villa, Aznar, Solbes, De Guindos, Salgado, Blesa, etc), esta empresa ha sido una firme opositora a la descarbonización y la transición energética, con tal de justificar la permanencia, algunos años más, de sus contaminantes centrales térmicas de carbón. Endesa defendía en los despachos la supuesta imposibilidad de acabar simultáneamente con el carbón y la nuclear en España, algo que era fácilmente rebatible, como lo hizo Greenpeace en 2018. Desde la cúspide del poder energético español y con sus puertas giratorias moviéndose veloces como aspas de molino, han hecho uso y abuso del mercado eléctrico para legislar a su favor y mantener una factura de la luz acorde a los intereses de sus accionistas. 

Pero Endesa ha terminado rindiéndose a la evidencia (no la del cambio climático, sino las del incremento del precio de los derechos de emisión y la caída significativa del precio del gas) y los problemas de viabilidad económica de sus centrales han provocado un súbito abrazo al Acuerdo de París. Ahora se sube al mainstream e informa en su web y Memoria de Sostenibilidad que aspira a convertirse en “un líder del proceso de transformación global y contribuir decisivamente al objetivo colectivo de reducir el calentamiento global a 1,5 °C”. En su análisis de materialidad, la descarbonización del mix energético aparece como el asunto más relevante para sus grupos de interés y el segundo más relevante para la empresa.

Para asumir este nuevo liderazgo, su Plan Estratégico 2020-2022 se sustenta en los siguientes pilares:

  • Una transición suave hacia la descarbonización, garantizando la seguridad de suministro. En 2022 la quema de carbón se habrá reducido un 99% y en 2030 se producirá un cese completo de su actividad.
  • El aumento en un 38% de la capacidad instalada en renovables en 2022 respecto a 2019.
  • Un modelo de desarrollo de instalaciones renovables que incorpora acciones de creación de valor social para los entornos de los parques, priorizando la incorporación de mano de obra local y el desarrollo de proyectos de interés para la comunidad.
  • El fomento de la movilidad eléctrica a través de 36.000 puntos de recarga de uso público y privado en el año 2022.

Buscando tomar ventaja a sus competidores, Endesa presentó en julio de 2020 un estudio realizado por la consultora Deloitte para convertir a los sistemas eléctricos extrapeninsulares de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla en la punta de lanza de su transición energética. Su objetivo declarado es alcanzar en 2040 la descarbonización completa de las islas y de las ciudades autónomas, en las que Endesa es la gran generadora y distribuidora de electricidad. Según sus previsiones, esto supondría alcanzar la meta diez años antes que en la península.

Pero, con la excusa de realizar una transición energética justa, un concepto que Endesa ha abrazado de manera demasiado tardía, la empresa pretende nadar y guardar la ropa. Pese a la solicitud de cierre de las centrales térmicas de As Pontes (la mayor de España) y Carboneras, Endesa “se reserva el derecho” de prolongar su vida si funcionan los ensayos con diversos combustibles o la mezcla de ellos. Por lo tanto, no ha renunciado a la quema de diferentes tipos de carbón (importado de Kazajistán) mezclados con otros combustibles que están en fase de ensayo como residuos de depuradora, purines, biomasa o falsos “bio”. Es decir, más emisiones de GEI. 

Dentro de su estrategia para la compensación de emisiones, Endesa ha repoblado 1.500 hectáreas en la localidad madrileña de Robledo de Chavela, en un monte que fue pasto afectado por un incendio forestal en agosto de 2012. Según la empresa, este proyecto se ha convertido en el primer depósito natural de absorción de carbono impulsado por una compañía eléctrica. Esta acción le permite presumir de ser la primera empresa del sector energético español que ha conseguido el triple sello “Calculo + Reduzco + Compenso” por el registro de su Huella de Carbono, distinción otorgada por la Oficina Española de Cambio Climático (OECC).

Endesa parte en una buena posición en la carrera del desarrollo de las energías renovables y la descarbonización de la economía durante la próxima década. En lugar de intentar prolongar la vida de sus agonizantes centrales térmicas y nucleares y buscar trucos como la compensación de emisiones para esconder sus emisiones y residuos, esta empresa tiene pendiente establecer una verdadera hoja de ruta para contribuir a la transición a un sistema energético eficiente, inteligente y 100% renovable. 

Aunque Endesa tenga dinero suficiente para comprar la portada de todos los periódicos de España, su credibilidad en la lucha climática no la podrá comprar mientras siga vinculada a la quema de combustibles fósiles.  

Naturgy. Greenwashing

Naturgy (ex Gas Natural Fenosa) se jacta de ser “la única energética española reconocida como líder mundial por su acción frente al cambio climático”. Sin embargo, su supuesta estrategia de adaptación al cambio climático, eliminando un incremento de generación a partir de renovables, se sigue basando en extraer y quemar gas, agudizando el cambio climático.

Naturgy. Greenwashing

En el año 2019, la empresa Naturgy (ex Gas Natural Fenosa) ocupó la cuarta posición (tras Endesa, Repsol y EDP) en el ranking de empresas españolas emisoras de GEI. Pero este hecho no impidió que la empresa gasista pudiera presumir, a principios de ese mismo año, de ser “la única energética española reconocida como líder mundial por su acción frente al cambio climático” según el Carbon Disclosure Project (CDP). El nuevo marketing climático hace posible estar en el grupo de cabeza de empresas contaminantes y, al mismo tiempo, obtener la máxima calificación del índice CDP, lo que da pie a esta empresa a proclamar “ser la única energética española y una de las cinco del mundo en lograr esta distinción.” 

Para afrontar el reto de la descarbonización Naturgy se ha aferrado a la tabla de salvación del concepto “tecnologías de bajas emisiones” (quema de gas fósil, entre otros) y al todavía más escandaloso de “emisiones evitadas”. Elegido este marco conceptual, no necesita abusar de la ingeniería de la compensación para llegar a “cero emisiones netas en 2050”. Según afirman, sus emisiones evitadas son mayores que las generadas: en 2019, dicen, consiguieron un “balance climático de 104 % a favor de las emisiones evitadas”. Contabilizan, por ejemplo, la energía producida por las centrales nucleares en las que tienen cierta participación como “emisiones evitadas”. No sería ninguna sorpresa que en algún momento hagan público que han sido los primeros en llegar en la carrera de la descarbonización y que pueden vender sus excedentes. 

Volviendo a su discurso, la lucha contra el cambio climático está entre sus prioridades, está incluida en su Plan Estratégico 2018-2022 y tienen objetivos de descarbonización para 2030 y 2050. Según han anunciado a lo largo del año 2020, prevén reducir en al menos un 21% las emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2022, en comparación con 2017, así como recortar un 22% la intensidad de dióxido de carbono (CO2) en generación eléctrica y que el 34% de toda la generación sea de origen renovable.  

Presente en 28 países y en cinco continentes, el negocio de Naturgy sigue siendo la explotación, generación, distribución y comercialización de gas y electricidad, y dispone de plantas de licuefacción y regasificadoras. Negocio, el gas, que conlleva importantes riesgos ambientales, sociales y financieros asociados al impacto ambiental y el cambio climático, así como la frecuente vulneración de los derechos humanos en países productores con escasa gobernanza y altos índices de corrupción.  

En junio de 2018, la entonces Gas Natural Fenosa, hoy Naturgy, anunció el cambio de nombre y nueva estrategia de comunicación. En palabras de su CEO, Franscisco Reynés Massanet, “la compañía necesitaba un nombre corto, global, que demuestre la aspiración internacional, que pudiera englobar lo que significa y que se nos reconozca como una empresa energética“. Es decir, una estrategia para seguir en el negocio del gas, pero conseguir un “reconocimiento social” a través del alineamiento con el mainstream de la emergencia climática, subirse al carro de las renovables y limpiar su imagen de empresa contaminante. Seguir en el negocio de los combustibles fósiles pero un poquito menos. Y con una mariposa en el logotipo. 

Su estrategia de adaptación al cambio climático menciona las siguientes líneas de actuación: aprovechar el liderazgo de Naturgy en las plantas de Ciclo Combinado (combustión de gas) y en el mercado global de gas natural licuado (GNL); desarrollar el gas natural en el transporte; desarrollar el gas “renovable”; y triplicar la capacidad instalada en renovables en el 2022. 

Exceptuando el incremento de generación a partir de renovables, el resto de la estrategia empresarial es seguir extrayendo y quemando gas, agudizando el problema del cambio climático. 

Hay que reconocer que Naturgy no miente a la hora de calcular el impacto de su actividad, y reporta adecuadamente sus emisiones indirectas. El alcance 3 incluye las emisiones derivadas de la cadena de valor de las actividades, que incluyen: emisiones upstream y downstream, sobre las que el grupo no posee el control o influencia directa; y las emisiones de CO2 en la combustión del gas natural por el uso final del gas natural distribuido y comercializado. Estas emisiones, sumaron más de 129 MtCo2equiv en 2019 y supusieron el 88,6% de su huella de carbono total. 

Pero, la trampa utilizada por Naturgy es un ejercicio de ingeniería contable de emisiones de GEI. Sin pudor alguno, la empresa gasista resta a sus enormes emisiones directas e indirectas algo que llama “emisiones evitadas”, dando un resultado positivo. Así, declaran ufanos que “el balance climático en 2019 se ha situado en el 104 % a favor de las emisiones evitadas, lo que refleja nuestro avance y contribución hacia una economía descarbonizada”. Naturgy no necesita prometer un “balance neto cero” en 2050. Con su particular habilidad de trilero, ya tiene un balance de emisiones positivo.

Más allá de estas argucias, los esfuerzos de Naturgy por reducir su huella de carbono sólo tendrán un efecto positivo en la lucha climática si establece un calendario para un abandono gradual de la extracción y quema de gas. Reducir su huella de carbono en sus alcances 1 y 2, o buscar el balance cero neto a través de estrategias de compensación es hacerle trampas al clima.

Naturgy también pone mucho énfasis en las soluciones basadas en la naturaleza. Según su comunicación corporativa, en 2019 llevaron a cabo 257 iniciativas por la biodiversidad, que supusieron una superficie ambiental restaurada superior a 2.600 hectáreas, de las que el 60% corresponde a espacios protegidos o hábitats de especies protegidas. El Plan Global de Medio Ambiente hasta 2022 se marca el objetivo de realizar 300 iniciativas por la biodiversidad cada año hasta ese horizonte. 

La restauración ambiental está muy bien, es necesaria para mejorar la cantidad y calidad de los sumideros de carbono. Pero hay motivos para cuestionar la publicidad de Naturgy. 

Esta empresa vende como algo complementario sus obligaciones de restauración derivadas de sus proyectos energéticos. En Brasil, la compañía ha llevado a cabo la revegetación y el mantenimiento periódico para garantizar el establecimiento de los ejemplares plantados en la región de Sao Paulo para la recuperación de la mata atlántica. En Chile, Naturgy ha desarrollado sistema de riego de mantenimiento para garantizar la supervivencia de los ejemplares plantados en el área afectada por la construcción de redes de gas. Restaurar las zonas afectadas por el impacto ambiental ocasionado en las actividades de extracción y conducción de gas es una obligación, no debería contabilizarse como acciones de Responsabilidad Social Corporativa. ¿Estará Naturgy contabilizando también estas actuaciones de restauración como “emisiones evitadas” para compensar así sus emisiones brutas y conseguir ese balance climático favorable?

Campofrío. Greenwashing

Mientras hace anuncios cargados de buen rollo por Navidad, Campofrío contribuye a la destrucción del planeta. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en 2019 el sector agrícola (agricultura y ganadería) fue responsable del 12,5% del conjunto de emisiones totales de gases de efecto invernadero, siendo el cuarto sector más contaminante en España. Campofrío está detrás de estas cifras, aunque se empeñe en intentar ocultarlo al no calcular las emisiones indirectas producidas en su cadena de valor. Además, Campofrío, como el resto del sector de la ganadería industrial en España, debería rendir cuentas urgentemente por su relación con la destrucción de valiosos bosques en la Amazonia y otros lugares del mundo.

Campofrío. Buenrollismo contra el clima y los bosques.

La empresa de alimentación Campofrío produce y vende sus productos de alimentación, fundamentalmente cárnicos, en ocho países europeos y en EEUU. Además, exporta sus alimentos a 80 países y factura más de 2.000 millones de euros al año. Pertenece desde 2015 al grupo mexicano Grupo Sigma Alimentos y destaca por sus anuncios navideños llenos de buen rollo. Desde su campaña publicitaria,  la empresa cárnica nos anima cada Navidad a “que nada ni nadie nos quite nuestra manera de disfrutar de la vida”. 

Pero detrás de este marketing emotivo existe una cara oculta asociada al impacto ambiental de la ganadería industrial.

Un informe reciente sobre las emisiones de GEI y la huella de carbono del sistema agroalimentario español destaca el papel de los productos de origen animal como fuente de estas emisiones. La mayor parte de las emisiones derivadas de la producción de alimentos (emisiones “hasta puerta de finca”) consumidos por la población española están asociadas a la producción de alimentos de origen animal (80% del total), en la que destacan la carne de cerdo y vacuno, la leche y el pescado. Una huella de carbono, la de alimentación en España ( desde la producción de insumos a la gestión de residuos) que no ha dejado de crecer: se ha multiplicado por 3,8 en términos totales y por 2,4 en términos per cápita entre 1960 y 2010, pasando de 1,5 a 3,5 toneladas de CO2e per cápita al año.

Estos datos sobre la ganadería industrial como importante fuente de emisiones de GEI no es nuevo. El MITECO otorga al sector agrícola (agricultura y ganadería), un 12,5% del conjunto de emisiones totales de GEI en 2019, siendo el cuarto sector más contaminante en España. Y es la ganadería la responsable del 67% de estas emisiones. 

En toda la UE, los sectores que más contribuyen al conjunto de las emisiones procedentes de la ganadería son el sector lácteo, el porcino y el vacuno de carne con, respectivamente, el 33%, el 26% y el 25% de las emisiones.  Y España es, dentro de la UE, el tercer país con más emisiones originadas por el sector ganadero, y el reparto de las emisiones del sector deja patente la máxima responsabilidad del sector porcino, ya que es responsable de un 46% de las emisiones totales del sector ganadero. La producción de carne de vacuno es responsable del 20%, la de lácteos del 16%, la de carne de aves de un 11%, la carne de caprino y ovino de un 4% y la producción de huevos de un 3%. 

Este sector, el de la ganadería industrial, está ocultando su responsabilidad en el problema del cambio climático. Y un puñado de grandes empresas españolas o asociaciones sectoriales destacan en este acto de irresponsabilidad: Vall Companys, El Pozo (Grupo Fuertes), Casa Tarradellas, Campofrío, Interporc, etc. 

Un informe de Greenpeace España publicado en enero de 2020 expuso cómo tres empresas del sector cárnico (Campofrío, Casa Tarradellas y El Pozo), entre un conjunto de 23 empresas de otros muchos sectores, destacaban por sus serias carencias en su política de rendición de cuentas, como es la obligación de elaborar un Estado de Información No Financiera. Existe una absoluta falta de asunción por parte de estas empresas del impacto de su actividad

Dentro de estas empresas, el buenismo corporativo de Campofrío resulta ofensivo. Esta empresa carece de un exhaustivo inventario de emisiones en toda su cadena de valor. Su Estrategia de Responsabilidad Social 2017-2021 realiza tan solo tímidas menciones a la huella de carbono, con una mirada absolutamente miope y con objetivos sin ninguna ambición. O se escuda en que el Informe de Sostenibilidad del Grupo Sigma divulga información ambiental con un contenido equivalente a los requerimientos de la UE en materia de información no financiera, lo cual es inexacto. 

La empresa afirma que ha elaborado un plan de acción para reducir la huella de carbono, con el objetivo de reducir al menos un 20% de las emisiones de CO2 de su actividad logística en los próximos 5 años. Por este compromiso ridículo, basado en la eficiencia de alguno de sus procesos, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, AECOC, les ha dado un premio, clara demostración del bajo nivel de desempeño en el que se desenvuelve esta industria y las asociaciones sectoriales de las que forma parte. 

A Campofrío no parece interesarle realizar un cálculo honesto de sus emisiones de GEI, en especial las emisiones indirectas, procedentes de su cadena de valor, incluidas las cadenas de suministro de materias primas. Precisamente, cuando desde la administración o el mismo sector agroalimentario se asumen la enorme cifra de emisiones de GEI procedentes del sector ganadero, se refieren sólo a las emisiones directas, o sea principalmente fermentación entérica de los animales, gestión de los estiércoles, fertilizantes, etc. No se incluyen las emisiones indirectas procedentes del cambio en el uso del suelo (deforestación), producción de piensos, transporte, transformación de alimentos, etc. 

Pero Campofrío, como el resto del sector de la ganadería industrial y el sector agroalimentario asociado, está indirectamente implicado en la quema de los bosques y la deforestación en Latinoamérica. Desde hace mucho, Campofrío mira para otro lado cuando se le pregunta por las emisiones indirectas resultantes de las cadenas de suministro de la soja, utilizada para la fabricación de piensos ganaderos.  Según el último informe European Soya Monitor de mayo de 2020, en el año 2018 solo el 1,5% de las importaciones españolas de soja podrían ser consideradas “certified deforestation-free“.  España está en el furgón de cola en la UE, sólo Polonia estaba por detrás. Portugal el 18%, Italia 36%, Francia 43% y el resto de países de la UE se movía entre el 20% y el 100%. Importaciones de soja que son utilizadas mayormente para la fabricación de piensos para la ganadería industrial.

En 2019, la UE importó 7,4 millones de toneladas de soja de Argentina, de las cuales casi todas eran harina de soja. El principal país importador de la UE fue España con el 22,6% del peso total. Y en los 12 meses de junio de 2019 a mayo de 2020, Brasil exportó 16.383.244 toneladas de soja a la UE. De ellas, el 44,34% fueron granos de soja, el 55,66% harina de soja y el 0,1% aceite. Los principales importadores de soja brasileña de la UE fueron los Países Bajos (28,9%) y España (21,3%). 

Esta soja, en buena parte procedente de la deforestación, es destinada mayormente a fabricar piensos. Piensos destinados a alimentar a la ganadería industrial. Ganadería industrial que aumenta la cuenta de resultados de Campofrío. Pero desde que Greenpeace entró en contacto por primera vez con Campofrío para abordar el tema de la soja en la fabricación de piensos, en 2006, esta empresa ha evitado asumir el problema como suyo.

Campofrío, como el resto del sector de la ganadería industrial en España, debería responder cada vez que los incendios forestales arrasan la Amazonia, el Cerrado, el Pantanal, el Chaco, y otros grandes biomas de Latinoamérica para dar paso a la expansión de la ganadería y los cultivos de soja. 

Pero Campofrío prefiere invertir en vídeos navideños llenos de positividad y buen rollo.  

 

Last modified: Thursday December 10th, 2020